Como cada año, el 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Esta fecha tiene como fin prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas en todo el mundo.
La violencia contra mujeres y niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas y persistentes en la actualidad. La Declaración Sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, emitida por la Organización de las Naciones Unidas, define la violencia contra la mujer como “todo acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer”. En el mismo sentido, la Convención contra la Tortura y Otras formas Inhumanas de Trato Degradante o Castigo, considera que las consecuencias que la violencia son una forma de tortura para las mujeres.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) indica en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016 (ENDIREH) que, 66 de cada 100 mujeres de 15 años o más que viven en el país han sufrido al menos un incidente de violencia de cualquier tipo a lo largo de la vida. El 43.9% de ellas, han sufrido violencia por parte de la pareja actual o última a lo largo de su relación mientras que 53.1% ha sufrido al menos un incidente de violencia por parte de otros agresores distintos a la pareja a lo largo de la vida.
Por otra parte, el INEGI, mediante el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2020, revela que dentro del total de delitos en contra de mujeres registrados de 2010 a 2018, la principal incidencia delictiva se concentra en aquellas faltas relacionadas con el abuso sexual (42.6%) y la violación (37.8 por ciento).
De acuerdo con información de ONU Mujeres, basándose en datos obtenidos de 13 países, desde que comenzó la pandemia, 2 de cada 3 mujeres han padecido alguna forma de violencia o conocían a alguna mujer que la sufría. Además, estas mujeres tienen más probabilidades de enfrentarse a situaciones de pobreza y escasez de alimentos.
Aunque todas las mujeres en el mundo son propensas de sufrir violencia, la ONU reconoce que algunas mujeres y niñas son particularmente vulnerables, como las niñas y mujeres con discapacidad.
Esta mayor exposición a padecer situaciones de violencia tiene su origen en cuestiones culturales, surgidas de una sociedad masculina; además, está el hecho de la existencia de la discriminación por razón de la discapacidad y un acentuado prejuicio social hacia este grupo poblacional. A esto se le suman factores como:
- Incapacidad o dificultad para defenderse físicamente o comunicar los malos tratos
- Acceso restringido a la información y asesoramiento, debido a la existencia de todo tipo de barreras, tanto tangibles como intangibles.
- El enfrentamiento entre los papeles tradicionales asignados a la condición de mujer y la negación de éstos mismos en la mujer con discapacidad. Esto puede provocar una baja autoestima y el menosprecio de la propia imagen como mujer.
- Mayor dependencia de la asistencia y cuidados de otros y el miedo a denunciar el abuso por la posibilidad de la pérdida de los vínculos y la provisión de cuidados.
- Vivir frecuentemente en entornos que favorecen la violencia: familias desestructuradas, instituciones, residencias y hospitales.
- Las mujeres que sufren asaltos más severos y frecuentes son aquellas que tienen una multideficiencia, problemas de comunicación y aquellas que adquirieron su discapacidad desde el nacimiento.
El Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) indicó, a través de su estudio llamado “Refugios para mujeres, sus hijas e hijos en situación de violencia: un diagnóstico a partir de los datos del Censo de Alojamientos de Asistencia Social, 2015”, que el 80 % de los refugios para víctimas de violencia doméstica no son íntegramente accesibles para las mujeres con discapacidad.
Para el año 2020, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM) reportó que en México existían 50 Centros de Justicia para las Mujeres, distribuidos en 28 entidades federativas, siendo Coahuila (5), Estado de México y San Luis Potosí (4) y la Ciudad de México (3) los estados con mayor número de instancias; en contraste se encuentra Baja California, Nuevo León, Tamaulipas y Tabasco que no cuentan con ningún centro.
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad impulsa un cambio de paradigma en donde las mujeres con discapacidad ya no sean vistas como mujeres enfermas y dependientes, hoy son mujeres que se les reconocen sus derechos humanos; sin embargo, la persistencia de la violencia contra la mujer sigue siendo un obstáculo para cumplir con La Convención y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
En este contexto, el Estado Mexicano está obligado a prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres, pudiendo ser con innovaciones legislativas, institucionales o bien, con el diseño de mecanismos de coordinación institucional que busquen ponerle fin a la violencia en contra de las mujeres y las niñas en México, haciendo especial énfasis en aquellas con discapacidad.
