La Fiscalía General de la República lo acusa —junto con cuatro ex funcionarios ya vinculados a proceso— de ocasionar un quebranto de 3 mil 400 millones de pesos.
Un secretario en funciones de juez federal otorgó una suspensión provisional que frenó la ejecución de la orden de captura contra Silvano Aureoles Conejo, ex gobernador de Michoacán.
Sobre el ex mandatario pesa una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado, ejercicio indebido del servicio público, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita, vinculados con la compra de cuarteles para la Guardia Civil en la entidad que gobernó.
El secretario en funciones de juez del Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Penal admitió a trámite la demanda de amparo, concedió la suspensión y fijó una garantía de 52 mil pesos, que deberá exhibirse en un plazo de cinco días.
se concede la suspensión provisional para el efecto de que las cosas permanezcan en el estado que actualmente guardan y no se haga efectiva la orden de arresto. Lo anterior, hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva», precisa el acuerdo.
Asimismo, el secretario en funciones aclaró que la suspensión provisional impedirá que Silvano Aureoles sea privado de la libertad, aun cuando en el procedimiento penal pudiera imponérsele la prisión preventiva.
¿De qué se le acusa a Aureoles?
La Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que Silvano Aureoles y cuatro de sus ex colaboradores causaron un daño patrimonial de tres mil 400 millones de pesos, al adquirir —a sobreprecio— cuarteles de la Guardia Civil en los municipios de Huetamo, Apatzingán, Coalcomán, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro.
En marzo pasado, una jueza federal vinculó a proceso a los cuatro ex funcionarios, imputados por ocasionar un perjuicio superior a 3 mil 400 millones de pesos al erario federal y estatal.
Durante una audiencia de aproximadamente 22 horas, Patricia Sánchez Nava, jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Oriente, procesó a Carlos Maldonado, ex secretario de Finanzas; J. Antonio Bernal Bustamante, ex secretario de Seguridad Pública; Mario Delgado Murillo, ex delegado administrativo de la Secretaría de Finanzas y Administración, y Elizabeth Villegas Pineda, ex funcionaria de la Secretaría de Seguridad Pública.
A los ex servidores públicos se les imputan los delitos de peculado, administración fraudulenta, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.
La jueza otorgó un plazo de tres meses para la investigación complementaria.
En la diligencia, la defensa reveló que en la carpeta de investigación obra un acuerdo reparatorio «de cumplimiento inmediato» suscrito por la empresa Inmobiliaria DIP S.A. de C.V., responsable de los proyectos de los cuarteles en:
Huetamo
Apatzingán
Coalcomán
Jiquilpan
Lázaro Cárdenas
Uruapan
Zitácuaro
El acuerdo, firmado en noviembre pasado con el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, asciende a 970 millones 976 mil 940 pesos. La defensa solicitó que se aplicara a todos los acusados para extinguir la causa penal al haberse resarcido el daño.
No obstante, al resolver la situación jurídica de los imputados, la jueza advirtió que dicho acuerdo se alcanzó entre la compañía y el Ministerio Público antes de la judicialización del caso, por lo que su beneficio aplica únicamente para la empresa.
Fuente: https://www.milenio.com/estados/juzgado-frena-detencion-de-silvano-aureoles-ex-gobernador-michoacan
