La Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA), y el Laboratorio de Impacto del Estado de Derecho de la Facultad de Derecho de Stanford expresaron su reconocimiento a la decisión de pausar el proceso legislativo de la iniciativa de Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con el fin de permitir una discusión más amplia e informada sobre el tema.
Indicaron que la propuesta de ley, remitida por el Poder Ejecutivo, contempla disposiciones excesivamente amplias y ambiguas que facultarían a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones para bloquear temporalmente plataformas digitales a petición de autoridades competentes, sin definir con claridad los supuestos aplicables ni establecer mecanismos de control adecuados.
“La amplitud de estas atribuciones y la falta de precisión en su regulación han despertado una profunda preocupación por su posible impacto en la libertad de expresión y el derecho a la información, así como por la inseguridad jurídica que generan”.
Destacaron que, ante las protestas sociales y los señalamientos de diversos sectores, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, ha reconocido la necesidad de abrir un proceso de diálogo con los actores involucrados, con el objetivo de someter la iniciativa a un mayor escrutinio técnico y jurídico.
Ambas instituciones subrayaron que cualquier regulación en materia de telecomunicaciones y radiodifusión debe alinearse con los estándares internacionales en materia de libertad de expresión, considerados pilares esenciales de todo Estado democrático de derecho.
Mencionaron que la libertad de expresión cumple una función política indispensable: es condición para la consolidación, el funcionamiento y la preservación de los regímenes democráticos.
“Por estas razones, instamos a que la futura discusión de esta iniciativa legislativa —ya sea en un periodo extraordinario o mediante una nueva propuesta— incorpore un análisis riguroso desde la óptica de los derechos humanos, y en particular, del derecho a la libertad de expresión, conforme al marco constitucional e internacional vigente”, añadieron.
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Nota de Milenio:
