El senador que introdujo por la puerta trasera la cláusula de la retroactividad ya había hecho una maniobra similar durante la discusión de la reforma judicial
Un duende recorre los pasillos del Legislativo en México. Es un personaje misterioso que cambia de último momento los proyectos a votarse en el pleno y esconde su rastro. El “duende legislativo”, como lo bautizaron desde el PRI, apareció de nuevo la semana pasada, cuando el Senado tramitaba la reforma a la Ley de Amparo enviada por el Ejecutivo de Claudia Sheinbaum, un proyecto crucial para recaudar miles de millones de pesos de grandes contribuyentes atorados en los tribunales. Desde Morena se intentó llevar a buen puerto el plan de la presidenta, pero un senador del mismo partido, Manuel Huerta, cambió su propio voto e introdujo in extremis una cláusula de retroactividad inconstitucional que hizo tambalear la reforma y obligó a la presidenta a dar un golpe sobre la mesa para reconducir el proyecto. Toca a la Cámara de Diputados enmendar el error del Senado, del que nadie, en la cadena de funcionarios por cuyas manos circuló el documento, se hace responsable.
No es la primera vez que Huerta asume ese papel de caballo de Troya en su propio grupo parlamentario. El año pasado, cuando se procesaba en el Senado la peliaguda reforma judicial, propuso de último momento un cambio con el que el Gobierno pretendía hacerse con el control de los comités de evaluación que tenían la tarea de cribar las miles de candidaturas para la judicatura. Morena dio un paso atrás cuando se desató la polémica aquella ocasión y regresó al proyecto inicial. La semejanza entre ambos casos es evidente: facciones dentro del oficialismo envían globos sonda para explorar el pulso de la opinión pública. Entonces, como ahora, Huerta ha sido el conducto. Él niega ser la correa de transmisión de nadie.
El nuevo enredo, en cualquier caso, comenzó antes de que él maniobrara. El proyecto de Sheinbaum aterrizó en el Senado sin el artículo que ordenaba aplicar la nueva normativa a amparos que ya se encontraban en trámite. Ahí actuaron por primera vez los duendes, que forzaron, a espaldas de los responsables de los trabajos legislativos, la inclusión de la cláusula en el documento que discutirían las comisiones poco después. Fuentes del Congreso apuntan que miembros del equipo de la consejera jurídica de Sheinbaum, Ernestina Godoy, y del asesor del gabinete presidencial, Arturo Zaldívar, presionaron al titular de la oficina de Servicios Parlamentarios, que se sintió “sobrepasado”. Estos representantes insistían, a decir de las fuentes consultadas, en que la introducción de la cláusula era “una instrucción”, sin especificar de quién. El documento que llegó a la sesión de las comisiones conjuntas ya incluía el polémico artículo.
