Las Comisiones Unidas de Educación y de Pueblos Indígenas y Afromexicanos de la Cámara de Diputados iniciarán un proceso de consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada para el cumplimiento de la sentencia dictada en la acción de inconstitucionalidad 121/2019, en materia de educación indígena.
El propósito es lograr acuerdos sobre los contenidos que se deben incorporar a la Ley General de Educación, y garantizar la plena participación de los pueblos y comunidades, así como incluir su perspectiva, valores y aspiraciones.
Para ello, realizarán foros de consulta regionales en modalidad presencial, del 24 de marzo al 2 de abril, en los que se recibirán todas las opiniones, sugerencias, propuestas, consideraciones y comentarios.
Las sedes serán: Guerrero y Yucatán (24 marzo), Chiapas y Jalisco (25 marzo), Oaxaca y San Luis Potosí (26 marzo), Ciudad de México y Chihuahua (31 de marzo), Sonora y Veracruz (1 de abril) y Tabasco (2 de abril).
Para el miércoles 29 de marzo, en modalidad virtual, se llevará a cabo el Parlamento Abierto, al que están invitados pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, investigadores, especialistas, académicos, organizaciones de la sociedad civil, funcionarios y al público en general.
En el proceso de diálogo y consulta, las instituciones coadyuvantes serán: el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en su calidad de órgano técnico, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas.
Se prevé como invitados especiales: el relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de la Organización de las Naciones Unidas, la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo en México, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y las entidades federativas.
Las Comisiones Unidas refieren que el 15 de junio de 2022 se emitió el acuerdo de las juntas directivas por el que se regula el procedimiento para el cumplimiento de la sentencia dictada en la acción de inconstitucionalidad 121/2019 en materia de educación Indígena.
De igual modo, con fecha del 26 de enero de 2023, se constituyó el Comité Orientador, mismo que a través de preguntas y respuestas identificó la problemática en materia de educación indígena, así como las líneas normativas que deban atenderse para la reforma a la Ley General de Educación.
El Comité Orientador, integrado por representantes de los 68 pueblos indígenas y uno afromexicano, ha identificado 10 puntos claves que deben considerarse en una reforma: eliminación del rezago educativo, garantía de las lenguas indígenas, desarrollo y protección oral y escrita, habilidades y conocimientos del perfil docente.
Además, educación digna, acceso permanencia y aprendizaje, educación obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica, participación de los pueblos y comunidades en el sistema educativo nacional, pertinencia cultural, y excelencia académica.
FUENTE: acustiknoticias
