La aprobación de una nueva ley pone en alerta a un sector de la oposición y las organizaciones civiles, que defienden que la medida puede vulnerar el derecho a la intimidad de la población.
La Cámara de Diputados aprobó este martes la Ley General de Operación de los Registros Civiles con 311 votos a favor de Morena, el PRI, el Partido Verde y el PT; 131 en contra del PAN y Movimiento Ciudadano y 17 abstenciones, en su mayoría del PRD. La medida otorga a la Secretaría de Gobernación la facultad de controlar la información personal de los ciudadanos mexicanos, inclusive los datos biométricos: características únicas como las huellas dactilares, el iris, la retina, la forma de la cara o la voz. La norma ha despertado la polémica y ha puesto en alerta a un sector de la oposición y las organizaciones civiles, que ven con recelo la concentración de estos datos en un único organismo y defienden que puede vulnerar el derecho a la intimidad.
La votación de la Cámara, que tendrá que ser refrendada en el Senado, implica la creación de un nuevo organismo, el Consejo Nacional del Registro Civil, que estará bajo control de la Secretaría de Gobernación. La nueva institución integrará todos los Registros Civiles del país —32, uno por cada Estado— y tendrá, en la práctica, un monopolio sobre los datos biométricos y otra información personal básica como nombre, apellidos, sexo, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad y CURP (Clave Única de Registro de Población).
La Secretaría de Gobernación, presidida por el morenista Adán Augusto López, defiende que la norma “es un nuevo paso en la transformación del país”. “Es necesario mencionar que esta nueva legislación tiene como objetivo garantizar el derecho a la identidad de las personas y el acceso a los servicios que proporciona el Registro Civil; así como a los documentos y constancias en los que conste su identidad jurídica; además de establecer los mecanismos para garantizar el derecho de toda persona mexicana a ser registrada después de su nacimiento. A la par, se determinan las normas, bases y principios que armonicen y homologuen la organización, funcionamiento y procedimientos de los Registros Civiles en el territorio nacional, y en el exterior”, asegura la entidad en un comunicado.
Para sus detractores, sin embargo, la ley no solo representa una amenaza para el derecho a la intimidad y los datos personales de la población. También, de acuerdo con el diputado del PAN Marco Humberto Aguilar, supone una incursión del Gobierno Federal en la jurisdicción que corresponde a las administraciones de cada Estado. Según Aguilar, la medida se opone a dos artículos de la constitución, el 4 y el 73. Otra diputada del mismo partido, María Elena Pérez Jaen, propuso una moción para suspender la norma, que fue rechazada, y urgió a revisar el dictamen por el riesgo que supone para la vulneración de datos de la población.
Los datos biométricos constituyen una información sensible, empleada, por ejemplo, por bancos u hospitales para proteger a sus usuarios y prevenir del robo de identidad o el fraudeen documentos oficiales. La ley aprobada por la Cámara no especifica qué datos concretos tendrá la Secretaría en su poder, cómo serán almacenados ni de qué manera podrán ser consultados y protegidos.
Pablo Amílcar Sandoval, diputado de Morena, propuso también una reserva que fue aprobada, consistente en incluir “medidas de seguridad de carácter administrativo, físico y técnico para la protección de datos personales, especialmente los biométricos, a fin de evitar su daño, pérdida, alteración, destrucción, uso, acceso o tratamiento no autorizado”.
No es la primera vez que el debate sobre la sensibilidad de los datos biométricos llega a la política mexicana. El proyecto del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, aprobado en el Senado en abril de 2021 y declarado inconstitucional un año después por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, provocó reacciones similares. Entonces, se propuso crear una base de datos con la información de los usuarios de telefonía móvil, incluidos los datos biométricos, algo que el PAN calificó como “un atentado contra la privacidad de las personas” y una violación de los derechos humanos.
La Secretaría de la Gobernación tendrá ahora la capacidad de emitir actas de nacimiento, matrimonio, defunción, adopción y cualquier trámite relacionado con la identidad. También se crea el Sistema Nacional de Registro e Identidad, una nueva herramienta informática que facilitará la realización de estos procesos. El comunicado de la entidad especifica también que en el nuevo sistema se incluirán también “a los sujetos que pertenecen a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, y de toda clase de diversidad, quienes podrán acceder a los servicios que ofrezca el Registro Civil sin obstáculos, sin barreras fronterizas, sin burocracia y sin requisitos innecesarios como la apostilla o la legalización”.
FUENTE: elpais
