Tras unos minutos de debate, la nueva ley de ciencia fue aprobada por el Senado mexicano el pasado 29 de abril. Crédito de la imagen: Senado mexicano. Imagen en el dominio público.
[CIUDAD DE MÉXICO] La primera Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (HCTI) ha aumentado la confrontación entre el gobierno y la comunidad científica en México.
Aprobada de manera intempestiva el pasado 29 de abril, la ley convertirá al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) en el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt). Pese al cambio de nombre, en lo fundamental seguirá siendo la institución de gobierno encargada de diseñar las estrategias para el desarrollo científico en México, además de establecer las agendas de investigación prioritaria.
Pero lo que ha sido fuente de críticas es que la agenda en HCTI estará dictada por el Conahcyt a través de una Junta de Gobierno con más funcionarios que científicos: de los 23 representantes que formarán parte de este órgano, solo ocho serán representantes de la comunidad científica mientras que 14 serán representantes del gobierno.
“La Junta de Gobierno pasará a ser el organismo más importante que defina el futuro del sector de ciencia, tecnología e innovación”, explica a SciDev.Net la economista Gabriela Dutrénit, profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana en la Ciudad de México.
Dada la importancia de esa Junta de Gobierno, se vuelve crucial saber cómo estará integrada. Y lo que ha causado inquietud en algunos sectores de la comunidad científica es que la ley no menciona a las principales universidades o centros públicos de investigación del país ni a academias o asociaciones científicas como parte de ese órgano, pero sí a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar).
En un contexto donde el presidente ha incrementado la presencia de la Sedena en distintos ámbitos, este hecho ha provocado acusaciones de militarización del sector científico.
En respuesta a este tipo de críticas que se venían dando antes de la aprobación de la ley, el Conacyt publicó un comunicado del 11 de abril en el que afirma que la ley “no contempla ningún particular como representante de la comunidad científica” para facilitar que la comunidad participe sin mediaciones.
La participación sin mediaciones “implica poner las instituciones públicas al alcance de la población en general y no sólo de unas cuantas personas u organismos que se arroguen representaciones ficticias”, dice el comunicado.
Además, prosigue el documento, “es falso que se militarice la política pública de HTCI” y aclara que si incluye a la Sedena y la Semar en la Junta de Gobierno es porque “ambas dependencias ejercen recursos del presupuesto federal destinado a actividades de HCTI. Además, existe una estrecha colaboración institucional con el Conacyt orientada a la atención de problemáticas nacionales, como el arribo masivo de sargazo a las playas mexicanas, entre otras”.
Para Dutrénit, no hay razones para hablar de militarización, pero sí de ausencia de voces diversas, específicamente de representantes de las entidades federativas del país. “La ley atenta contra el federalismo” ya que carece de vías para integrar las necesidades particulares de las entidades, señala.
Pero el Conacyt afirma en el comunicado que “ni las entidades federativas ni los municipios han estado representados en la Junta de Gobierno del Conacyt, así como el Conacyt tampoco lo está en los órganos de gobierno de las entidades federativas, en pleno respeto a los respectivos ámbitos de competencia”.
Distintos grupos de científicos han rechazado la ley porque al no mencionar explícitamente la meta de llegar al 1 por ciento del PIB para la ciencia y tecnología, disminuyen las posibilidades de que éste y futuros gobiernos lo cumplan.
Otra parte de la ley que ha provocado controversia es la referente a los temas que serán prioritarios para el nuevo Conahcyt, y que forman parte de los Programas Nacionales Estratégicos (PRONACES). Estos incluyen temas que promuevan una ciencia con un mayor compromiso social, como la investigación en inmunoterapias o problemas como la vivienda o migración.
Algunos ven en estos temas una mayor democratización del conocimiento. La investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México, Liliana López, dice a SciDev.Net que la nueva ley visibiliza el derecho humano a la ciencia, el cual implica “la participación, goce y beneficio de las personas que no son parte de la comunidad científica”.
Pero, otros, como la Academia de Ciencias de Morelos (ACMor), dicen que puede limitar el apoyo a otras áreas de investigación. “Esto limita la libertad de cátedra y a la ciencia básica, al canalizar recursos, becas y demás apoyos solo a aquellos temas considerados como parte de los PRONACES. Además, la ley obliga a las universidades a realizar ciencia básica y de frontera, pero sin claridad en la ley ni garantizando que la autonomía universitaria será respetada”, dice la ACMor en un pronunciamiento.
“Se le va a dar prioridad a la investigación que está orientada por la agenda nacional, entonces ¿qué va a pasar con los que estudian matemática, física, astronomía? (…) Si no se sigue invirtiendo en ciencia se va a ir reduciendo esa base científica. No vamos a estar preparados cuando se quiera hacer nuevas investigaciones orientadas a resolver problemas. Se está sacrificando el futuro del país en esos términos”.
Gabriela Dutrénit, profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana en la Ciudad de México
Dutrénit celebra que la legislación hable de una ciencia más comprometida con la sociedad, pero advierte que puede afectar a la ciencia básica.
“Se le va a dar prioridad a la investigación que está orientada por la agenda nacional, entonces ¿qué va a pasar con los que estudian matemática, física, astronomía? (…) Si no se sigue invirtiendo en ciencia se va a ir reduciendo esa base científica. No vamos a estar preparados cuando se quiera hacer nuevas investigaciones orientadas a resolver problemas. Se está sacrificando el futuro del país en esos términos”, asevera.
En contraste, Liliana López observa varios aspectos beneficiosos de la ley, por ejemplo, que contempla el acceso abierto de las publicaciones científicas realizadas con apoyo del Estado o que se garantice el acceso a becas para estudiantes de posgrado en universidades del sector público.
El hecho de que no se mencione a los estudiantes de las universidades privadas ha sido criticado como “discriminatorio”. Liliana López argumenta que es necesario promover la igualdad en términos de “acciones para evitar que se constituyan grupos sometidos”. Es decir, apoyar a personas en posición de desventaja para que estén en igualdad de condiciones.
A pesar de que difieren en su visión de la ley, Liliana López coincide con Dutrénit en que el proceso legislativo por el cual se aprobó fue desafortunado.
La discusión de una ley para el sector data de hace cinco años, lapso en el que legisladores pertenecientes a distintos partidos políticos presentaron diversas propuestas de ley. Sin embargo, la aprobada se basa en una iniciativa enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en diciembre de 2022 y para su aprobación se omitieron los espacios de debate que se tenían programados. El 25 de abril la iniciativa fue sometida a votación en la Cámara de Diputados sin haber cumplido los siete parlamentos abiertos en los que se iban a discutir sus contenidos.
Cuatro días después, sin haberse revisado por las comisiones correspondientes, la Cámara de Senadores aprobó la ley tras 14 minutos de debate y en una sesión de 10 horas en la que se aprobaron más de una decena de leyes promovidas por el presidente, sin la presencia de los legisladores de oposición.
Para el diputado del Partido Acción Nacional, agrupación política opuesta al gobierno, Juan Carlos Romero Hicks, quien promovió una ley distinta en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación desde el 2018, el resultado de las irregularidades en el proceso legislativo “es una redacción que va a ser muy vulnerable a litigios por violaciones de proceso, por violaciones de constitucionalidad”.
Para que sea efectiva, la nueva ley debe ser publicada en el Diario Oficial de la Federación*, cosa que aún no ha sucedido. Romero Hicks dice que se están gestando intenciones de impugnación en tribunales: “Lo iremos conociendo en las próximas semanas. Todavía no se promulga. Seguramente habrá una gran cantidad de amparos, posibles acciones de inconstitucionalidad y otras”, asegura.
*Actualización: La nueva ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de mayo de 2023.
Este artículo fue producido por la edición de América Latina y el Caribe de SciDev.Net
FUENTE: scidev
