Con el objetivo de consolidar su posición en el ámbito legal, Ramos Castillo Abogados, S.C. extendió su dominio y aperturó una nueva sede en la ciudad de Querétaro, además de fortalecer su presencia en el estado de Jalisco, donde tiene una nueva ubicación. Expansión que marca el inicio de una etapa de crecimiento a corto plazo para esta Firma.
“Tenemos un compromiso inquebrantable con la excelencia en el servicio, evidenciado en nuestra constante búsqueda de altos estándares de calidad. Ello no solo es esencial para generar confianza y lealtad entre nuestros clientes, sino que también refleja nuestra firme convicción de proporcionar un servicio legal de la más alta calidad”, destacó el Lic. José Pablo Ramos Castillo, socio director.
Excelencia total que aplica en su práctica de Derecho Fiscal, en la que el abogado afirmó que la estabilidad lograda por la ausencia de cambios significativos, como el mantenimiento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y el aumento en la tasa de retención para ahorradores, puede tener un impacto mixto en los contribuyentes.
El especialista argumentó que la falta de cambios drásticos puede proporcionar cierta estabilidad y certidumbre a los contribuyentes, al evitar ajustes repentinos en sus obligaciones fiscales y tener la posibilidad de planificar sus finanzas de manera más efectiva; no obstante, hizo notar que algunos de ellos podrían sentirse decepcionados por la falta de reformas que puedan beneficiarlos y sólo recibir más presión fiscal.
“Para el 2025 podemos esperar modificaciones fiscales de cara al cambio de administración, las cuales podrían estar encaminadas a implementar o fortalecer las facultades de fiscalización de las autoridades federales. No se espera un cambio estructural o alguna reforma fiscal trascendental, sino que, como se hizo en el 2024, lo más seguro es que se sigan implementando herramientas como los modelos de analítica de datos y machine learning”, evidenció.
En relación al Derecho Administrativo, área que también maneja el Despacho, el Lic. Ramos Castillo detalló que se presentarán varios retos en dicha área debido a que debe garantizar que sus acciones no influyan de manera marcada en la política del país. Según su percepción, es esencial que todas las decisiones y operaciones sean transparentes para evitar cualquier tipo de corrupción y asegurar la continuidad de los servicios públicos, además de salvaguardar los derechos de los ciudadanos, independientemente de cualquier cambio de gobierno.
Meta que debe llevarse a cabo lo antes posible apoyada con el uso de la tecnología y la inminente digitalización, todo para mejorar sus relaciones e interacciones con la ciudadanía mediante la implementación de nuevas plataformas que pongan a disposición todos los trámites para obtener de las autoridades las anuencias, autorizaciones, licencias o cuáles sean necesarias para llevar a cabo algún tipo de actividad.
“Sin embargo, el uso de los medios electrónicos y estas nuevas plataformas de difusión e interacción no son suficientes para solucionar la problemática generalizada con las autoridades gubernamentales, consistente en la absurda burocracia en la que suelen esconderse para no trabajar o reportar resultados eficientes. Pero el hecho de que logremos un Gobierno completamente digital no reparará las carencias en el sistema burocrático, sino todo lo contrario, porque si bien ayudaría en el manejo de la información y el tratamiento que ello deriva, también conllevará perder el tratamiento personal con los funcionarios públicos y la posible solución de conflictos de manera práctica”, destacó.
Para un mejor entendimiento, el socio director afirmó que es crucial desarrollar nuevas formas de comunicación y relación con la ciudadanía para fomentar la confianza. En la actualidad, dijo, la construcción de este vínculo requiere más que nunca una adaptación constante a los medios y formas de comunicación.
En materia de Derecho Administrativo expuso que posiblemente nos enfrentemos a un desafío significativo en la protección de los Derechos Humanos, debido a que, en estos tiempos complejos, la administración en el poder parece estar decidida a avanzar con su agenda sin consideración por las posibles consecuencias.
“Los últimos años, el juicio de amparo ha sido una herramienta esencial para mantener el equilibrio y moderar la agenda oficialista, funcionando como un sistema de pesos y contrapesos, pero las recientes reformas a dicha ley representan un retroceso en el reconocimiento y la aplicación oportuna de este recurso, el cual ha demostrado ser efectivo para su propósito original”, alertó.
Afirmó que, como abogados, es su deber, desde los colegios profesionales, defender la independencia judicial y la separación de poderes, que son fundamentales para el correcto funcionamiento de cualquier Estado de Derecho.
Con la mira puesta a un futuro inmediato repleto de nuevos casos de éxito, Ramos Castillo Abogados, S.C. tiene un compromiso firme con la ética y la integridad, además de una profunda dedicación al servicio al cliente. Ello implica que no solo alcance reconocimientos y logros, sino también una mejora inmediata que redundará en todas sus áreas de práctica.