Cambiar a los jueces no es suficiente. Lo urgente es cambiar cómo funciona el Estado.
La propuesta de reforma al Poder Judicial ha acaparado la conversación pública por su potencial para modificar las estructuras y dinámicas de la impartición de justicia en México. Sin embargo, dentro del amplio debate político y social, poco -o nada- se ha dicho sobre los efectos que dicha reforma podría tener en el ámbito de la buena gobernanza pública, particularmente en lo que concierne al control jurisdiccional de la administración pública. A primera vista, el enfoque de la reforma parece orientarse hacia la democratización de la judicatura, el fortalecimiento de los mecanismos de selección y sanción de jueces, y la transformación de los órganos superiores del Poder Judicial. No obstante, no existe un solo elemento en la iniciativa que indique que los problemas estructurales más graves de la administración pública -como la corrupción, la opacidad o la ineficacia en el ejercicio de funciones- vayan a ser enfrentados, o siquiera considerados.…