La noticia de que uno de los asesinos confesos de su madre, la periodista María Elena Ferral, había recuperado la libertad meses atrás, provocó en Fernanda Luna una reacción física inmediata: sufrió un conato de infarto y tuvo que ser hospitalizada.
El crimen ocurrió el 30 de marzo de 2020. Desde entonces han sido detenidas siete personas. Sin embargo, dos de ellas, que confesaron su participación, obtuvieron su libertad tras ganar amparos por fallas en el proceso judicial, bajo el argumento de que fueron torturadas para declarar. A ello se suma que el presunto autor intelectual, el exdiputado Basilio Picazo Pérez, permanece prófugo de la justicia.
“El mensaje es que nos pueden matar y no pasa nada. Ellos van a seguir en la impunidad y sin castigo”, lamenta.
Su caso es similar al de una treintena de periodistas asesinados en Veracruz, donde sólo uno cuenta con una sentencia condenatoria firme, sin amparos ni apelaciones. En la mayoría de los expedientes no hay detenidos y, cuando los hay, terminan en libertad. En varios casos se capturó a los presuntos autores materiales, pero al menos siete obtuvieron amparos por fallas en las investigaciones; no hay autores intelectuales en prisión y la reparación del daño sigue siendo una tarea pendiente.
Red, memoria y lucha
La búsqueda de justicia ha sido compleja y desgastante, dice Jorge Sánchez, hijo del reportero Moisés Sánchez, asesinado en enero de 2015. Su caso ha sido llevado incluso al Parlamento Europeo y ahora busca llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Junto con familiares de otra decena de periodistas, formó la asociación Red Memoria y Lucha de familiares de periodistas asesinados y desaparecidos en Veracruz, con el objetivo de impulsar acciones de memoria, acompañamiento jurídico a víctimas y presión institucional.
En Veracruz han sido asesinados 32 periodistas y de ellos sólo uno tiene una sentencia en firme. Se trata del caso del periodista Ricardo Monlui –ejecutado en marzo de 2017–. En 2019 un juez de control dictó sentencia condenatoria de 50 años de prisión a Ángel Rojas Benítez, alias la Paloma, acusado de cometer el asesinato de Monlui.
La familia no ha podido acceder a la reparación del daño debido a trámites burocráticos de la Comisión de víctimas.
Sánchez agrega que, mientras no haya sentencia la reparación tampoco es posible, de acuerdo con la ley. Agrega que, en los demás casos, existen procesos abiertos, apelaciones o amparos, lo que ha prolongado los expedientes durante años sin resultados definitivos y faltan de sentencias firmes.
“Tenemos la seguridad de que en México no va a haber justicia. Eso es un hecho para nosotros”, lamenta.
Explica que los procesos judiciales también resultan desgastantes para las familias, tanto en lo económico como en lo emocional: “Es muy desgastante estar yendo a juzgados, reviviendo las situaciones y viendo cómo las cosas no avanzan”.
Fallas y presunta complicidad
Sánchez sostiene que en varios expedientes se han documentado irregularidades, como pérdida de evidencias, desaparición de fotografías de implicados o solicitudes tardías de grabaciones y sábana de llamadas.
Ejemplifica el caso de su padre: “Pareciera que no hay un protocolo para salvaguardar la evidencia. Se pidieron videos hasta nueve días después y ya habían sido eliminados”.
También evidencia que algunas detenciones se anuncian como logros, pero posteriormente se caen en tribunales: “El gobierno tiene como estrategia hacer justicia en la percepción y no en la realidad.Detienen a alguien y dicen que ya se hizo justicia, pero luego esa persona sale libre”.
