Por los socios de Castorena, Leyva y Sánchez Rucobo Abogados

En un país con profundos desafíos de justicia, la promesa de una transformación judicial puede sonar esperanzadora. Sin embargo, no toda reforma es progreso. La iniciativa para elegir por voto popular a jueces, magistrados y ministros plantea un riesgo serio y estructural: la debilitación del Poder Judicial como garante de los derechos fundamentales y contrapeso frente al poder político.

Luis Enrique Sánchez Rucobo, especialista en derecho fiscal, constitucional y fiscal penal, advierte que las consecuencias de esta reforma no se limitarán al fuero penal o civil:

“La justicia fiscal y fiscal penal está en riesgo. Si la independencia judicial se sacrifica por afinidades políticas, veremos un aumento en resoluciones arbitrarias, abusos de poder y criminalización indebida del contribuyente.”

El Maestro Sánchez Rucobo subraya que el debilitamiento de los contrapesos institucionales abre la puerta al uso político del Derecho:

“Recordemos la definición clásica de justicia de Ulpiano: ‘dar a cada quien lo que le corresponde’. Sin jueces técnicos, autónomos y valientes, esa premisa se diluye.”

El Licenciado Mario Halkin, socio experto del área penal de la firma, es enfático:

“La justicia no puede depender de mayorías volátiles ni de campañas políticas. La imparcialidad judicial exige formación técnica, carrera judicial y autonomía. Pretender que los jueces se sometan al escrutinio electoral es entregarlos al poder del aplauso y no al rigor de la ley.”

Esta preocupación no es abstracta. El modelo de justicia penal exige objetividad, debido proceso y protección efectiva de los derechos del imputado. Cuando el juzgador depende de intereses partidistas, el equilibrio se rompe:

“La democracia exige jueces independientes, no jueces populares. Si el juez empieza a pensar en su reelección o en las encuestas, deja de pensar en el expediente.”

El Licenciado Antonio Leyva, socio especialista en derecho civil, mercantil y derecho concursal, llama la atención sobre los impactos de la reforma en la justicia cotidiana:

“La reforma judicial representa un reto para todos los operadores jurídicos. En materias como la civil o mercantil, donde están en juego el patrimonio y la estabilidad de las empresas, la incertidumbre sobre la preparación de los jueces electos puede afectar gravemente la calidad de las resoluciones.”

El Licenciado Leyva advierte que la implementación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y el fortalecimiento de la justicia oral requieren jueces capacitados:

“Los jueces que encabecen órganos en concursos mercantiles y juicios orales enfrentarán una curva de aprendizaje compleja. En tanto esto se supera, los justiciables podrían sufrir consecuencias irreversibles, como la pérdida de una empresa en insolvencia.”

Ante este panorama, propone impulsar mecanismos alternativos:

 “Como abogados debemos buscar vías paralelas al sistema estatal, como el arbitraje, la mediación y la conciliación privada, para proteger a nuestros clientes.”

El Doctor Guillermo Castorena Álvarez, socio responsable de las áreas fiscal, administrativa corporativa y propiedad intelectual, aporta una visión estratégica:

“El mensaje de esta reforma no es neutral: propone desmantelar un poder del Estado bajo la bandera de la ‘justicia del pueblo’. Pero lo que realmente se plantea es un rediseño institucional que concentra poder, debilita garantías y politiza la justicia.”

Desde la perspectiva empresarial, esto impacta la inversión, el cumplimiento normativo y la certeza jurídica:

“Ninguna empresa invierte en un país donde la ley cambia al ritmo de las encuestas. El Poder Judicial no puede ser rehén de intereses coyunturales.”

Frente a un entorno incierto, los socios de CLSR Abogados coinciden: el rol del abogado hoy es más importante que nunca:

– Informar con claridad a los clientes.
– Defender a cabalidad sus derechos.
– Fortalecer esquemas de cumplimiento.
– Participar con firmeza en la vida pública.

Porque cuando se debilita la justicia, se debilita todo. Y ante ese riesgo, el Derecho no puede quedarse callado.