Cuando Castorena, Leyva y Sánchez Rucobo Abogados (CLSR) surgió en la escena jurídica hace más de 10 años, los socios que componen a esta Firma tuvieron en mente convertirse en el respaldo legal, ético y profesional, que siempre se necesita ante las injusticias de la autoridad y las transformaciones que vive el país.

En un momento en que esos cambios y atropellos son más recurrentes, el Despacho reforzó esa visión y ahora vive en una continua metamorfosis interna para dar respuesta a las exigencias legales que sus clientes requieren solventar, por lo que los empresarios, principalmente, ven en estos abogados a sus mejores aliados para la defensa de sus intereses y apuntalar el Estado de Derecho.

“Desde la pandemia por COVID-19 hemos logrado transitar situaciones difíciles de manera resiliente, por lo que este tiempo es muy importante para nosotros. Para afrontarlo, hemos sumado a nuestro equipo de trabajo a una experta en Migratorio, una experta en Comercio Exterior y tenemos un par de asociados nuevos que refuerzan nuestro talento”, detalló el Dr. Guillermo Castorena.

Esta apuesta, dijo el abogado, les ha funcionado bien y les ayudó a crecer a pesar de ser un año difícil. Así también lo constató el Lic. Antonio Leyva, quien resaltó que ante un cambio de gobierno viene mucho trabajo, sobre todo con reformas de último minuto que muchas veces resultan preocupantes, pero que han sabido solucionar mediante la experiencia y la confianza que brindan.

“¿Cuáles son nuestras fortalezas? Que tenemos un cimiento muy fuerte con nuestros clientes desde hace años, estamos con ellos en las buenas y en las malas. Eso les da la confianza para que resolvamos sus problemas ante la llegada de nuevas reformas”, enfatizó el abogado Leyva.

La fortaleza legal que le brindan a sus clientes, resaltó el Dr. Castorena, se resume en una palabra: prevención. En la parte Corporativa la Firma se ha dedicado a impulsar un profundo compliance cuya perspectiva de desarrollo jurídico y financiero sean tan fuertes que minimicen el impacto de cualquier obstáculo.

En ese sentido, el Mtro. Luis Enrique Sánchez Rucobo apuntó que un tema adicional en la parte corporativa, enfocada en esa prevención, se basa en la materia fiscal. “En el tema de la materialidad, los empresarios no estaban acostumbrados a prevenir. Ellos facturaban sin tener soporte y, con el tema impulsado por la administración pública respecto a delitos fiscales, sumado a un exceso de requisitos de vigilancia a todas las personas físicas y morales, ha obligado a tener más medidas, políticas y conductas de cumplimiento”, expuso.

Se trata de medidas de cumplimiento forzado, destacó la Lic. Tanya Pelcastre, quien detalló que trabajan arduamente bajo la tutela de un Gobierno Corporativo que busca reducir posibles multas, acciones que hacen también que las empresas se perpetúen durante el tiempo.

Por esa razón, el Lic. Leyva hizo notar que el Despacho se ha ampliado, pues la parte fiscal, mercantil, civil, laboral y penal se relacionan, obligándolos a ofrecer un servicio cada vez más integral y profesional que les ayude a las empresas a tener una vida jurídica independiente en apego a Derecho.

El Mtro. Sánchez Rucobo sostuvo que lo anterior es elemental, cuando se observa inestabilidad en varios rubros legales, como el fiscal. Aquí, dijo:  “Hoy estamos en presencia de una inseguridad absoluta, porque no sabemos cuánto se está recaudando ni qué se hace con ese dinero, no hay transparencia y eso afecta el actuar democrático. Se necesita una reforma fiscal efectiva para dar certidumbre, simplificar trámites y también acabar con la informalidad, pues el costo de no hacerlo será la pérdida de inversión extranjera”, indicó.

El Lic. Mario Sánchez Halkin recalcó que a esa inestabilidad se suman políticas gubernamentales incongruentes, como la de “Abrazos y no balazos”, que ha privilegiado a los delincuentes. La parte penal, manifestó, aunque es un sistema garantista y vanguardista, da impunidad al delincuente porque los ministerios públicos tienen que acreditar los delitos, pero no están capacitados para hacerlo, generando total impunidad.

“En el caso de las víctimas, no hay una reparación integral del daño. A la víctima muchas veces se le ve hasta como delincuente y es un problema muy grave. Además, hay pocos policías, mal pagados, se abusa de la prisión preventiva oficiosa, se piensa elegir jueces por voto popular, hecho que no se debe permitir en ninguna circunstancia. Se necesita la separación de poderes para que el Poder Judicial defina los casos sin las presiones del Ejecutivo y no se vuelva un tribunal pro-autoridad”, aseveró.

Bajo esa visión, la Lic. Tanya Pelcastre también resaltó que esa inestabilidad legal se percibe en la parte de Propiedad Intelectual, en donde observan un gran estancamiento. “Por desgracia lo que se había trabajado en el IMPI para agilizar términos, hacer una preparación interna para mejorar criterios, en los últimos dos años lo hemos visto decaer. Seguimos sin reglamento y tenemos un rezago enorme en temas de marcas”, sentenció.

El recorte en Conacyt, detalló, ha afectado la creación de patentes cuando debería ser al revés, pues en el país también contamos con otras instituciones investigadoras como el IPN y la UNAM. Otro ejemplo de esto, enfatizó la especialista, es lo que ocurre con la Inteligencia Artificial (IA), tema en que como país estamos muy atrasados y sólo nos queda apegarnos a los avances que hay en Europa, donde ya está aprobada una ley e incluso el reglamento, lo que nos obliga como abogados a aprender de sus criterios y defender a las empresas mediante reglamentos y políticas internas que sirvan para la creación y protección de todo lo que implica la Propiedad Intelectual.

Enfrascada en esa política proteccionista, es que Castorena, Leyva y Sánchez Rucobo Abogados (CLSR) se mantiene como una opción legal de vanguardia que marca una nueva era en el Derecho, en donde los criterios son establecidos por profesionales enfocados en el bienestar de sus clientes y el desarrollo del país, lo que coloca a la Firma como una de las mejores de México.