Gaxiola Calvo, S.C. es una de las Firmas de asesoría jurídica con mayor participación en el sector financiero y de financiamiento de infraestructura. Atiende a las principales instituciones bancarias, a otras entidades financieras y de tecnología financiera (Fintechs), así como a empresas privadas y a entidades gubernamentales nacionales y subnacionales.

A lo largo de 29 años de estudio y trabajo en equipo, ha desarrollado prácticas en los sectores bancario, regulatorio y financiero, financiamiento de proyectos de infraestructura, deuda subnacional, reestructuraciones crediticias, consultoría, operaciones por medios electrónicos, sistemas de pagos y Fintech, entre otros.

Como asesor jurídico de la Asociación de Bancos de México y del Consejo Coordinador Empresarial, el Despacho participa en la evaluación, impulso y gestión de las reformas legales más relevantes para la actividad financiera, económica y la inversión. Asimismo, se ha posicionado como un centro de análisis y elaboración de estudios de temas jurídicos y jurisprudenciales complejos.

En cuanto a proyectos de inversión e infraestructura, Gaxiola Calvo, S.C. ha participado en proyectos relevantes y de alta complejidad como asesor de entidades federativas, concesionarios e instituciones financieras acreditantes (banca múltiple y banca de desarrollo). Recientemente ha participado también en proyectos de transporte público urbano con desarrolladores en licitaciones para la adjudicación de ejecución de vías, talleres y cocheras, instituciones bancarias para el financiamiento de contratos de prestación de servicio a largo plazo para la puesta a disposición de material rodante, y a entes públicos para el diseño, instrumentación y seguimiento en ejecución de proyectos de renovación de transporte masivo de pasajeros.

En opinión de Gaxiola Calvo, S.C. se podría asegurar el impulso y desarrollo de  diversos proyectos de infraestructura  en México a través de esquemas de inversión público-privada a largo plazo poniendo particular énfasis en: (i) un marco jurídico e institucional de certeza jurídica con estándares internacionales, (ii) la maximización de los beneficios que brindan mecanismos de garantías y/o fuentes de pago estatales, (iii) la obtención de rendimientos de mercado para las inversiones privadas y (iv) un régimen equilibrado de asignación de riesgos (entre particulares y ente público).

Ante un escenario ambicioso de desarrollo infraestructura y relocalización de inversiones, la participación del sector privado, la planeación y correcto diseño de mecanismos de seguimiento y control, así como la seguridad que brinde el marco jurídico para la recuperación de las inversiones, se volverán clave en la obtención de resultados positivos.