Hace más de 4 años, la profunda amistad de los abogados Ricardo Lecumberri, Enrique Benavides y Raúl Cid los llevó a emprender un camino profesional en conjunto. El deseo de ofrecer un servicio único y con resultados eficaces hizo que forjaran Lecumberri, Benavides & Cid Abogados, una firma que en poco tiempo se ha posicionado como líder dentro de los servicios legales.

El Despacho está especializado en Derecho Penal, aunque también trabaja con éxito casos de Derecho Civil y Laboral, pero es en la materia procesal donde han desarrollado, en mayor medida, su gran expertise como litigantes. Un área donde esta triada de defensores obtiene resultados positivos y favorables a los intereses de quienes representan.

Lo que diferencia a esta Firma es su trabajo en equipo, sin competencia interna, porque sus logros no tienen nombre ni apellido, sólo se obtienen como Despacho. Entre sus miembros prevalece la honestidad y el profesionalismo, elementos indispensables para favorecer el binomio cliente-abogado con total transparencia y objetividad porque una de sus reglas es no ofrecer falsas expectativas en cada caso que atienden.

Apegados a sus principios éticos, en Lecumberri, Benavides & Cid Abogados tienen la convicción de no aceptar asuntos que vayan en contra de la filosofía del Despacho, pero una vez que los toman su apuesta es generar férreas estrategias de acción de acuerdo al interés de cada asunto, caminos reales y definidos apegados a las probabilidades de éxito, así como a la experiencia y criterios de los abogados.

Entre sus mayores fortalezas destaca la preparación continua, ya que estar a la vanguardia les ha significado ser una de las firmas más expertas y eficaces en el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, un marco jurídico que, a su juicio, vive un momento complicado por ser novedoso y porque implica un juego de criterios de todos los juzgadores locales o federales al momento de aplicar dicho reglamento.

Tras asegurar que este sistema penal es un híbrido del sistema anglosajón, chileno y argentino, destacaron que en México se generó un collage legal con figuras que no existen en otros países, generando, como desventaja, que cada juzgador busque imponer criterios nuevos, pese a que con la nueva ley se haya querido establecer y perfeccionar algunas circunstancias específicas: hechos donde, ante una falta de claridad, ha sido necesario que intervengan la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolverlo.

En contraparte, las ventajas que observó el Despacho es en la mecánica de la procuración de justicia, en donde ahora – en la mayoría de las Entidades Federativas – el Ministerio Público que conoce el asunto por primera vez, en quien lleva el asunto hasta el final (juicio oral), garantizando con ello que el fiscal se encuentre mejor entendido y preparado del asunto a sujetar ante el Tribunal de Enjuiciamiento.

Aunado a esto, consideraron que la principal ventaja de este sistema no es la oralidad, sino un principio que se denomina inmediación, que implica que el juez esté presente en todas las audiencias, cuando antes este personaje no se movía de su escritorio, sin tener un contacto directo para poder advertir algunas circunstancias de las audiencias. Tal mecánica, apuntaron, genera mayor transparencia, ayuda a erradicar la corrupción y que los casos sean más inmediatos.

En temas como la Presunción de Inocencia, los abogados manifestaron que este es un derecho fundamental de la persona investigada, el cual está previsto en tratados internacionales y en nuestra Constitución, pero que en la práctica no es un principio aplicable al 100% por lo que urgieron a los juzgadores a cambiar su mentalidad y a profesionalizarse para no caer en excesos, como también ocurre con la Prisión Preventiva Oficiosa, que consideraron inconvencional pues no debe estar esto como regla, sino como excepción.

Resaltaron que México es el único país a nivel Latinoamérica que tiene un catálogo de delitos que ameritan Prisión Preventiva Oficiosa y que cada día se va ampliando más de acuerdo a una política criminal: no obstante, al aplicar su expertise, concluyeron que esta herramienta no es inconstitucional al estar prevista en la Carta Magna, aunado a que la Constitución de nuestro país está por encima de tratados internacionales que pudieran condenarla, por lo que el único camino a seguir es regularla desde nuestras instancias.

De esta forma Lecumberri, Benavides & Cid Abogados genera una importante contribución al sistema de justicia, donde, conforme a Derecho, ayuda con resultados favorables a los intereses de sus clientes, inclusive generando tesis aisladas por Tribuales Colegiados que coinciden con sus argumentos, generando precedentes novedosos a través de los juicios de amparo promovidos por la Firma y, finalmente, aporta abogados preparados que contribuyen al Estado de Derecho, agentes de cambio que están comprometidos con el país y la sociedad, llevando a esta Firma a lo más alto del ámbito legal.