En la actualidad más del 70 por ciento de las unidades habitacionales no están protocolizadas, situación en la que la falta de autoridad provoca morosidad e invasión de áreas comunes
Los derechos y obligaciones de los condóminos también necesitan regularse, tal como la preferencia, usufructúo, arrendamiento y la personalidad restringida.
Con la finalidad de que los condominios de la Ciudad de México cuenten con todos los servicios básicos, mejoren su entorno, posean materiales de infraestructura de calidad, adquieran asequibilidad, habitabilidad, accesibilidad y una adecuada ubicación, diputados del Congreso de la Ciudad de México propusieron una ley que contribuya a cumplir los compromisos internacionales de la agenda 20-30, tomando en cuenta los parámetros de la “vivienda digna” y “vivienda adecuada”.
Dicha norma busca disminuir la alta cifra de viviendas no protocolizadas, pues actualmente existen más de 12 mil unidades y conjuntos habitacionales con más del 70 por ciento sin regularizar, situación en la que la falta de autoridad y organización provoca que los inquilinos no estén a tiempo con sus pagos o se apropien de áreas comunes de los edificios como jardines, pasos peatonales y lugares de estacionamiento.
También, se explicó que el concepto de vivienda digna es la calve para que los derechos humanos puedan ser ejercidos correctamente en la sociedad, ya que habitar un patrimonio en óptimas condiciones fomenta la participación vecinal para mejorar el entorno, donde los colonos deberían respetar las dimensiones de su terreno sin invadir el de otro, además de procurar el cuidado y mantenimiento de la unidad habitacional.
Asimismo, como protección a los compradores de inmuebles nuevos, se propuso ampliar a tres años el plazo para denunciar vicios ocultos de las casas, tales como grietas, fallas estructurales, inundaciones o desperfectos en las áreas comunes.
Por último, se propuso que los dueños de los hogares construidos en terrenos grandes puedan ser acreedores a subsidios de mejoramiento de fachadas y mantenimiento, así como aplicación de recursos por parte de las alcaldías, ya que normalmente dichos predios pagan altos costos de servicios. Inicialmente dicha iniciativa no aplicaría a construcciones nuevas, solamente a las que hayan generado antigüedad.
Para que las nuevas leyes tengan la capacidad de funcionar dentro del marco normativo de viviendas de la Ciudad de México, se hizo énfasis en que los derechos y obligaciones de los condóminos también necesitan regularse, tal como la preferencia, usufructúo, arrendamiento y la personalidad restringida.
FUENTE: cronica
