La iniciativa, conocida como la ley SB4, plantea que el cargo por cruce ilegal podría elevarse a la categoría de delito grave.
Houston, Texas – Una serie de proyectos de ley sobre inmigración fueron aprobados por la Cámara de Representantes de Texas, por lo que se tipificaría como delito estatal el cruce ilegal entre Texas y México, además de que destinarán más de 1 mil 500 millones de dólares para la construcción de barreras adicionales en la frontera.
La iniciativa, conocida como la ley SB4, plantea que el cargo por cruce ilegal podría elevarse a la categoría de delito grave si el migrante enfrenta acusaciones adicionales o se niega a obedecer una orden judicial de regresar a México.
Según el medio Texas Tribune, la pena máxima por un delito menor sería de un año de prisión, mientras que por un delito grave oscilaría entre dos y 20 años de cárcel.
Por su parte, la asignación de 1 mil 540 millones de dólares servirá para la construcción de barreras en la frontera y para remunerar a más agentes antiinmigración.
En respuesta a estas medidas, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su rechazo a las políticas antiinmigrantes adoptadas en Texas en un comunicado emitido este miércoles.
“En relación con la iniciativa de ley SB4 aprobada por el Congreso del estado de Texas, el gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, externa su rechazo ante estas medidas antiinmigrantes que pretendan detener el flujo de personas migrantes, mediante su criminalización, lo que resultará en la separación de familias, discriminación y perfilamiento raciales”, de acuerdo con un comunicado.
El gobierno mexicano subrayó su legítimo derecho a proteger los derechos de sus nacionales en los Estados Unidos y a establecer sus propias políticas de inmigración. Además, rechaza de manera categórica cualquier medida que permita a autoridades estatales o locales detener y devolver a personas, ya sean nacionales o extranjeras, a territorio mexicano.
México también expresó su preocupación por el conjunto de reformas que podrían afectar los derechos humanos de más de 10 millones de personas de origen mexicano que residen en Texas, al crear un ambiente hostil propenso a actos o crímenes de odio contra las comunidades migrantes.
FUENTE: paginacentral
