El nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares acaba con la interdicción, una figura legal que identificaba a las personas con discapacidad que no pueden valerse por sí mismas como menores de edad.
México ha dado un paso de gigante en la lucha por los derechos de las personas con discapacidad. El Congreso de la Unión ha aprobado este lunes por unanimidad el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCF). Compuesto por 1.191 artículos y 20 artículos transitorios, la nueva norma, entre otras cosas, deroga la interdicción, una figura legal que identifica como menores de edad a ojos de la justicia a las personas con discapacidad física o intelectual que no puedan valerse por sí mismas. La votación, considerada histórica por organizaciones civiles como Human Rights Watch, se ha saldado con 481 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, un consenso absoluto con pocos precedentes en la Cámara de Diputados mexicana.
En la práctica, la medida garantiza que las personas con discapacidad tengan pleno poder de decisión sobre situaciones como casarse, abrir una cuenta bancaria, alquilar una casa o someterse a un tratamiento médico. Es decir: conseguir los mismos derechos que tiene cualquier mayor de edad. El nuevo código, además de derogar la interdicción, crea una nueva institución, llamada Designación de apoyos extraordinarios, para aquellos casos en los que la persona en cuestión no pueda comunicar su voluntad a través de ningún medio —por ejemplo, alguien que haya sufrido un accidente grave y entre en coma, pero continúe con vida—.
“La interdicción era un procedimiento mediante el cual, un tercero, era designado para poder tomar decisiones en nombre de otra persona sin necesidad de tener que consultarla. Este nuevo procedimiento operará únicamente para aquellos casos en los que alguien no pueda comunicar su voluntad y preferencias. En esos supuestos, la persona designada tendrá que hacer una reconstrucción de la historia de la persona afectada para poder hacer la mejor interpretación posible de sus deseos y operar así su voluntad”, explica Carlos Ríos, director asociado de Derechos de las Personas con Discapacidad en la ONG Human Rights Watch (HRW).
“A diferencia de la interdicción, en este nuevo procedimiento el juez y las personas de apoyo están autorizadas y tienen el deber de poder averiguar con todas las fuentes e información disponibles qué es lo que la persona quiere”, continúa Ríos. “Todavía es necesario ampliar esta reforma para que los códigos civiles locales establezcan el reconocimiento pleno de la capacidad jurídica y el apoyo que puedan necesitar para su ejercicio, pero eso no dependerá del permiso de terceras personas”.
“Este código, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros países de Latinoamérica, no restringe el apoyo para la toma de decisiones solamente a determinados colectivos o grupos, lo amplía a todas las personas. Eso es lo que hace el derecho internacional de los derechos humanos, prever la capacidad jurídica universal para todas las personas. Sin duda se concluirá este ciclo con las reformas a los códigos civiles y las leyes de notariado de las entidades federativas, pero es sin duda un gran paso adelante, felicidades al congreso de la unión de México”, abunda Ríos.
El CNPCF fue primero aprobado en el Senado, también por unanimidad. En la redacción de la norma participó activamente el colectivo Decidir es mi derecho, una plataforma integrada por diversos colectivos formados por personas con discapacidad, activistas y académicos. La agrupación ya había formado parte anteriormente de una iniciativa de ley que alcanzó el Congreso de la Ciudad de México y también busca derogar la interdicción.
Esa iniciativa es clave porque, a pesar de que este lunes se haya aprobado el CNPCF, su entrada en vigor todavía durará un tiempo: está prevista para abril de 2027. Como explican desde Decidir es mi derecho, se necesita tiempo para “informar y capacitar a todas las personas que tendrían que ver con su implementación”. Los Estados, aclara el colectivo, podrían implementarlo antes, pero tendrían que reformar sus códigos civiles. La propuesta del Congreso de Ciudad de México puede ser una de las pioneras. La interdicción, de acuerdo con la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es inconstitucional y los jueces no pueden ya aplicarla. Por eso son tan importantes las reformas a nivel local, señala Ríos.
Ricardo Adair (34 años), diagnosticado con grado uno de autismo, es uno de los rostros de la lucha contra la interdicción en México. En 2013, consiguió una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que anuló la figura legal en su caso. Fue el primer fallo en la historia del país que lo lograba, el que comenzó a abrir grietas en el anquilosado sistema legal. En 2016, la medida fue ratificada por otro tribunal. “El día de hoy, México hace historia porque se aprobó el Código por unanimidad en la Cámara de Diputados. Esto va a ayudar a dar un gran paso para que se respeten todos nuestros derechos como personas y podamos tomar decisiones con y sin apoyos, y, sobre todo, un gran paso para avanzar y poder eliminar la interdicción de nuestro país que no sirve porque ya es un modelo obsoleto y viejo”, celebra Adair.
FUENTE: elpais
