La mandataria mexicana insiste en que los recursos que solicita el organismo electoral, un extra de 1,5 millones de pesos, para la elección de jueces, magistrados y ministros son excesivos.
El Instituto Nacional Electoral (INE) ha oficializado este jueves su solicitud de ampliación presupuestal a la hacienda pública por 1.500 millones de pesos para realizar con eficacia la elección de jueces, magistrados y ministros el 1 de junio. Sin embargo, el organismo se vuelve a topar de frente con la resistencia de la presidenta Claudia Shinbaum, que ha insistido en su exigencia para que los consejeros expliquen en qué gastará los recursos con los que se organizan los inéditos comicios extraordinarios. “No es un capricho”, han respondido las autoridades electorales. El extra solicitado tiene como objetivo el eventual incremento a la instalación de 13.000 casillas adicionales a las 73.000 proyectadas, la implementación de resultados preliminares el día de la jornada electoral, al menos en la elección de ministros, hoy no contemplados en la organización; y una partida para atender a los posibles connacionales repatriados una vez que llegue Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. “Es mucho dinero”, lanzó la jefa del Estado mexicano en su conferencia matutina para responder a la solicitud de incremento aprobado horas más tarde por el Consejo General del INE. No obstante, la mandataria mantiene su ofrecimiento de 800 millones de pesos que tomará de los fideicomisos del Poder Judicial.
“No estamos solicitando recursos para ocurrencias, ni caprichos, ni para programas superfluos o suntuarios, de ninguna manera, lo estamos haciendo con responsabilidad hacendaria y vocación y austeridad republicana”, lanzó la consejera Carla Humphrey en la sesión de este jueves, como una respuesta velada a los cuestionamientos de la mandataria. La funcionaria añadió que el objetivo es garantizar la autenticidad de los comicios y el derecho de la ciudadanía al voto. El recorte de 13.476 millones de pesos que el Congreso mexicano hizo a la propuesta presupuestal del INE ha mantenido contra las cuerdas al organismo que, además de trabajar a marchas forzadas, ha ajustado al máximo el costo de los comicios.
“Esta idea de pedir 1.500 millones, no sé de dónde y por qué […] Yo creo que la gente está de acuerdo en que el INE tiene que informar en qué se destina ese recurso, porque 7.000 millones es mucho dinero”, dijo la mañana de este jueves la presidenta. Los consejeros han atendido el llamado. En caso de que se concrete la ampliación una buena parte, 641 millones, ya están etiquetados para la contratación de cerca de 26.000 mil personas entre supervisores, capacitadores y auxiliares de cómputo; así como en la instalación de 16.5% más casillas que pasarían de 73.000 a 86.000 y la ampliación de contrato para otras 6.000 personas que trabajan en la atención de 57 proyectos. La autoridad electoral también ha puesto el foco en los 600 millones de boletas electorales que deberán imprimirse solo para la elección y en el costo de las casillas seccionales, 29.000 por cada una de las 86.000 proyectadas con el incremento presupuestal, cerca de 3.000 millones de pesos.
La marcada división en el seno del instituto ha quedado de lado, al menos en el tema presupuestal. La totalidad de los consejeros coinciden en la necesidad de contar con la ampliación de recursos para garantizar y realizar con mayor decoro la elección de más de 800 cargos de impartición de justicia. La consejera Norma de la Cruz ha reconocido la disposición de Sheinbaum para dialogar y el ofrecimiento de los 800 millones, el 53% de la ampliación que han solicitado. En la reunión que sostuvieron los consejeros del INE con la presidenta Sheinbaum el 9 de enero en Palacio Nacional, la mandataria aceptó otorgar la ampliación de recursos con la condicionante de que se detallara el destino de los recursos. El organismo considera que ha cumplido.
