El proceso electoral para elegir juzgadores en México ha quedado profundamente manchado por una cadena de ilegalidades, manipulaciones y violaciones constitucionales que lo despojan de su legitimidad democrática, los riesgos que desde un inicio hicieron notar analistas y especialistas en materia político-electoral, así como juristas, son ahora más visibles. A unas cuantas horas de iniciar la jornada electoral lo que es evidente es que el abstencionismo, la movilización política y el fraude es lo que veremos en la elección judicial.
Como explicó Lorenzo Córdova Vianello, expresidente del Instituto Nacional Electoral (INE), desde su origen, la reforma que dio pie a esta elección se gestó sobre un andamiaje fraudulento: una mayoría parlamentaria sobrerrepresentada que se impuso no por la voluntad ciudadana, sino por una interpretación acomodaticia de la ley electoral. A esto se suma una preocupante intervención del poder político en la designación de las candidaturas, relegando al Poder Judicial y quebrantando el equilibrio de poderes.
Pero lo más alarmante es lo que está por venir. Esta elección se realizará bajo reglas opacas: votos contados por órganos distritales y no por ciudadanos, ausencia de resultados preliminares, y boletas sin inutilizar al cierre de casillas. Todo esto crea un terreno fértil para la manipulación y el fraude.
Peor aún, lo que debería ser un ejercicio de elección libre y consciente, ha sido convertido en una maquinaria de control político. El oficialismo y otros actores están impulsando el voto en bloque con recursos públicos, estructuras clientelares y mecanismos de coacción, vulnerando gravemente el principio de libertad del sufragio.
A pesar de los intentos del Instituto Nacional Electoral por preservar la confiabilidad en esta primera elección de integrantes del Poder Judicial Federal, se han acumulado irregularidades desde la preselección, que constitucionalmente corresponde a los Tres Poderes de la Unión, las campañas irregulares y la intromisión política evidenciada en los “acordeones” que estuvieron circulando semanas previas a la elección.
Es evidente el poco control que las autoridades electorales han tenido en este proceso, también es evidente que han sido soslayados por los Poderes Ejecutivo y Legislativo. Para los Consejeros del Instituto es claro que debe haber una reforma a la reforma para garantizar todos los procesos, desde la preselección de personas candidatas, hasta la misma elección.
Para los Consejeros del Instituto es claro que debe haber una reforma a la reforma para garantizar todos los procesos, desde la preselección de personas candidatas, hasta la misma elección.
Hasta ahora las acciones del INE han sido blandas o tardías, sin embargo, no se puede responsabilizar al órgano cuando los errores son de origen y cuando se ha tenido que improvisar desde el inicio e ir “adaptando” a lo establecido en la reforma aprobada en septiembre del 2024.
En lugar de fortalecer la democracia, este proceso revela una preocupante regresión. La primera elección del Poder Judicial está marcada por la movilización política, ese factor de riesgo se señaló desde que se envió la iniciativa, ahora estamos frente a una posible simulación y lo más grave un experimento en nuestra historia democrática que visiblemente ha impactado el sistema electoral y que puede ser también una excusa para que el oficialismo plantee una reforma electoral.
Todo cambio lleva un proceso, mismo que debe ir acompañado de mejoras, incluso si eso significa rectificar el camino, en este caso, no en pro de un movimiento político que no será eterno, si no en pro de la misma democracia del país porque lo que está en juego es más que un cargo.
