Tras la reforma realizada por el Gobierno mexicano a la Ley Minera el año pasado para nacionalizar la industria el litio, y la posterior creación de la estatal LitioMX en agosto, la participación del sector privado en el incipiente negocio quedó en un terreno gris.
En diversas conferencias el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador se dedicó a repetir en 2022 que “el litio es un mineral estratégico, es de la nación” y a declarar que LitioMX no se asociaría con empresas privadas.
Este año el mandatario ha flexibilizado en parte su discurso al afirmar que la nueva empresa estatal podría entregar contratos a compañías privadas para que procesen el litio extraído que pertenece a la nación.
Sin embargo, actores del sector, como Ramón Luna, presidente de la asociación de ingenieros de minas, metalurgistas y geólogos AIMMGM distrito Sonora, donde se ejecuta el llamado Plan Sonora para la transición energética, manifestó recientemente que hay incertidumbre sobre cómo los privados podrán participar y pidió al gobierno definirlo.
Tampoco es claro el futuro de las concesiones otorgadas a algunas compañías chinas y canadienses antes de la reforma del año pasado, luego de que López Obrador anunció en enero que su administración buscará redefinir los términos contractuales con el fin de allanar el camino a la explotación litífera en Sonora.
En este estado norteño se concentran algunos de los mayores yacimientos del mundo, aunque son arcillosos y, por ende, más complejos de explotar.
NUEVAS ALARMAS
Dos nuevas iniciativas enviadas por López Obrador a fines de marzo al Congreso para reformar la Ley Minera y de Aguas Nacionales, así como diversas disposiciones en materia administrativa, volvieron a encender las alarmas en el sector, pues dejan entrever que el gobierno está tratando de buscar una vía legal para revocar y recuperar concesiones mineras ya otorgadas, incluso algunas por depósitos de litio.
Entre los cambios propuestos a la Ley Minera, el gobierno parece querer contar con nuevas opciones para cancelar concesiones mineras si carecen de permisos.
Si bien uno de los artículos de la propuesta legislativa en minería aclara que las concesiones de exploración y explotación otorgadas con anterioridad tendrán la duración prevista en el contrato, supeditarlas a los permisos genera preocupación.
López Obrador ha señalado como argumento que algunas empresas carecen de los permisos necesarios de agua e impacto ambiental, por lo que podría haber una justificación para renegociar concesiones, especialmente las entregadas por yacimientos de litio.
Mientras tanto, los planes de reforma a más de 20 leyes del sistema administrativo, específicamente de adquisiciones y arrendamientos, incluye una cláusula por la cual el Estado puede terminar la relación jurídica de manera anticipada y unilateral cuando así convenga al interés público.
En materia de indemnizaciones, el gobierno busca modificar la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, entre otras, para establecer límites a los montos de compensación cuando se condene a su pago en procedimientos jurisdiccionales o arbitrales, nacionales y extranjeros.
Juan Carlos Machorro, socio líder en práctica transaccional y financiera del bufete Santamarina + Steta, dijo a BNamericas que en México existe el principio constitucional de no retroactividad de la ley, lo que garantiza la validez de las concesiones mineras otorgadas antes de la reforma del año pasado y la participación de los privados.
El abogado dijo que el mismo principio de irretroactividad aplica a los nuevos cambios impulsados por el gobierno, por lo que usar esta nueva legislación para intentar recuperar concesiones ya otorgadas no sería legal y enviaría un mensaje muy negativo sobre la seguridad jurídica.
“El Gobierno mexicano no tiene facultades para, vía la expedición de una reforma a la ley minera, revertir los derechos existentes de los particulares al amparo de las concesiones mineras. Tienes este candado constitucional que te impide darle [a la ley] efectos retroactivos en perjuicio de los tenedores de estas concesiones”, explicó Machorro.
“Esta ley minera que se reformó el año pasado, que pretende cerrar el sector a la participación privada, porque esa es su pretensión, iría en contra de los tratados internacionales, incluido el T-MEC con Estados Unidos y Canadá, que claramente tienen abierto el sector minero a la participación privada”, agregó. Destacó además que la única manera en que podría hacerlo es con una reforma constitucional.
Norma Álvarez, asociada de Santamarina + Steta, concuerda señalando que esto podría llevar a interponer recursos de impugnación a nivel internacional, inclusive controversias entre Estados porque se violarían tratados internacionales.
En tanto, Machorro indicó que al pretenderse afectar alguno de los derechos de los concesionarios vía un acto de autoridad se puede recurrir a la figura del juicio de amparo, que le permite a los particulares defenderse en contra de actos de autoridad que lesionen sus derechos.
Juan Carlos Serra, abogado de la firma Basham, Ringe y Correa, dijo a BNamericas que considera las nuevas causales de revocación de concesiones incluidas en la reforma a la Ley Minera como “un tema preocupante porque son amplias, vagas y va a acabar en un tema de discrecionalidad”.
Sin embargo, no cree que las nuevas reformas vayan dirigidas específicamente al sector del litio, sino a toda la industria minera.
“Como lo veo, se quiere regular a la industria y recuperar todo aquello que [el gobierno] crea que requiere recuperar. Lo que quiere el gobierno es terminar los contratos como ellos quieran, de la manera que ellos quieran”, agregó.
FUENTE: bnamericas
