Datos publicados por la UNESCO sobre el «mal uso» del sistema judicial para atacar la libertad de expresión, muestran un aumento de la difamación penal y civil y de las demandas estratégicas contra la participación pública.
El 80 por ciento de los países del mundo siguen penalizando la difamación, de acuerdo con nuevos datos publicados por la UNESCO sobre el «mal uso» del sistema judicial para atacar la libertad de expresión. Estos datos muestran un aumento de la difamación penal y civil y de las demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPPs).
La campaña mundial para despenalizar la difamación, que estaba ganando fuerza hace una década, se enfrenta ahora a un retroceso, incluso dentro de los países que reintroducen la criminalización de la difamación. Como resultado, 160 paises criminalizan la difamación, según los datos publicados en un nuevo informe de la serie Tendencias Mundiales en materia de Libertad de Expresión y Desarrollo de los Medios de Comunicación de la UNESCO, titulado «El mal uso del sistema judicial para atacar la libertad de expresión. Tendencias, desafíos y respuestas».
El informe aborda las tendencias, los retos y las respuestas actuales en todo el mundo sobre la difamación y las leyes relacionadas, con un enfoque particular en las prácticas legales abusivas. También señala que en los últimos cinco años se han aprobado varias leyes nuevas para luchar contra la desinformación, la ciberdelincuencia o la incitación al odio, pero con consecuencias potencialmente nefastas para la libertad de los medios de comunicación.
Además, varios países han endurecido o reintroducido las disposiciones sobre calumnia, difamación e injuria al declarar nuevas leyes que pretenden abordar la ciberseguridad, las «fake news» y la incitación al odio. Además de la difamación penal, se ha incrementado el uso de la difamación civil, que a menudo da lugar a daños desproporcionados y tiene un efecto perturbador sobre la libertad de expresión y el trabajo de los periodistas.
El informe también destaca que al menos 57 leyes y reglamentos adoptados o modificados desde 2016 en 44 países contienen un lenguaje demasiado vago o castigos desproporcionados, poniendo en peligro la libertad de expresión en línea y la libertad de los medios de comunicación.
“Este análisis demuestra que la cuestión de la difamación, tanto penal como civil, debe abordarse en las legislaciones nacionales de acuerdo con las normas internacionales, desde el punto de vista de la protección de la libertad de expresión y de la labor vital de los periodistas. La UNESCO sigue pidiendo la despenalización de la difamación y advierte contra las tendencias de utilización de los sistemas judiciales para atacar la libertad de los medios de comunicación”, dijo Tawfik Jelassi, subdirector general para la Comunicación y la Información de la UNESCO.
Aumentan las SLAPP y la «búsqueda del foro más favorable»
El informe también destaca el aumento de prácticas abusivas como la «búsqueda del foro más favorable», que se refiere a la práctica de seleccionar el tribunal en el que presentar una demanda basándose en la perspectiva del resultado más favorable, incluso cuando no hay ninguna o sólo una tenue conexión entre las cuestiones legales y la jurisdicción.
Las demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP) por parte de actores poderosos que quieren silenciar las voces críticas y socavar el escrutinio han ido en aumento en diferentes regiones. Han suscitado una gran atención por parte de defensores y organismos internacionales, especialmente en Europa.
El verdadero objetivo de las SLAPP no es ganar un caso judicial, sino abrumar al demandado mediante procedimientos judiciales prolongados, costes excesivos -incluso con riesgo de quiebra- y la carga psicológica correspondiente. Las SLAPP centradas en acusaciones de difamación se utilizan con frecuencia para disuadir a los periodistas de avanzar en su trabajo, impidiendo la publicación o la retirada de determinados contenidos y disuadiendo a otros de cubrir los mismos temas.
El informe está dirigido a los actores judiciales y a los legisladores y también proporciona definiciones, normas internacionales y jurisprudencia de referencia de los principales tribunales regionales de derechos humanos relacionados con la difamación, así como buenas prácticas y recomendaciones para la despenalización.
“El uso de procedimientos judiciales contra periodistas que informan sobre asuntos de interés público es una amenaza creciente para la libertad de prensa en todo el mundo. En los últimos años, poderosos individuos, empresas y funcionarios gubernamentales han adoptado esta táctica para silenciar y acosar a los periodistas independientes. Su defensa legal no sólo es importante a nivel individual, sino más ampliamente para evitar que las ideas y la información sean eliminadas del espacio público”, expuso Pádraig Hughes, director jurídico de Media Defence.
El desglose regional muestra tendencias preocupantes
El desglose de los datos del informe muestra que la difamación sigue siendo un delito en 39 de los 47 países de África. En Asia y el Pacífico, 38 de los 44 Estados mantienen la difamación como delito, con seis que la han derogado y uno que ha avanzado en su derogación parcial.
En Europa Central y del Este ha aumentado el uso de las leyes de difamación penal, que están en vigor en 15 de los 25 Estados de la región, y la mayoría de ellos incluyen la posibilidad de sanciones privativas de libertad. Diez países han abolido todas las disposiciones generales contra la difamación y el insulto, y otros cuatro han aplicado una despenalización parcial.
Los delitos de difamación persisten en 29 de los 33 Estados de América Latina y el Caribe y siguen siendo un arma contra periodistas y blogueros. En Europa Occidental y América del Norte, la difamación penal permanece en los estatutos de 20 de los 25 Estados, la mayoría conservando las sanciones privativas de libertad. Entre 2003 y 2018, cinco países abolieron las leyes penales de difamación e injurias, y otro derogó parcialmente una.
Ante este panorama, se aconseja que los Estados deroguen las leyes de difamación penal y las sustituyan por una legislación de difamación civil adecuada, en línea con las normas internacionales. Las organizaciones de la sociedad civil y los actores de los medios de comunicación también deben participar en campañas de promoción y sensibilización para movilizar al público y garantizar que las sentencias internacionales y regionales se apliquen plenamente a nivel nacional. Al mismo tiempo, pueden tener un impacto significativo a la hora de impulsar la abolición de la difamación penal y contrarrestar el retroceso. Por último, el litigio estratégico y el apoyo jurídico a los periodistas son también fundamentales para animarles a continuar su trabajo y pueden dar lugar a cambios jurídicos y políticos concretos y positivos.
FUENTE: lasillarota
