Después de la decisión judicial en México, ya son cinco los países que permiten la interrupción voluntaria del embarazo en la región.
Hasta septiembre de 2023, en México solo era posible abortar, con relativas garantías, en 12 de los 32 territorios que conforman el mapa del país. Ciudad de México, el centro administrativo y político del Estado, se convirtió en la primera región en despenalizar la interrupción voluntaria del aborto allá por 2007, pero década y media después este derecho seguía muy restringido en la mayoría de los estados. Ahora, La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha declarado inconstitucional la prohibición del aborto en el Código Penal federal, lo que en la práctica supone la despenalización de esta práctica en todo el país norteamericano.
En 2021 el Tribunal Supremo de México ya tumbó la penalización del aborto en las leyes del norteño estado de Coahuila, situado junto a la frontera con Texas, y obliga desde entonces a cualquier juez a desechar los posibles casos penales que puedan llegar a sus mesas. Con la nueva decisión del órgano, que se sustenta en la de hace dos años, ahora es posible acceder a prácticas abortivas en todas las instituciones federales de salud del país, donde el personal sanitario también queda protegido y descriminalizado.
La decisión de la Justicia mexicana, que además obliga al Congreso del país a modificar la legislación, supone un nuevo avance para Latinoamérica, donde otros países como Argentina o Colombia han aprobado recientemente nuevas leyes para proteger este derecho.
Pese a esto, la región continúa arrastrando grandes problemas y desigualdades relacionadas con la interrupción voluntaria del embarazo y la salud reproductiva de las mujeres. Sin ir más lejos, Latinoamérica y el Caribe son unas de las pocas zonas del mundo donde sigue aumentando el número de niñas menores de 15 años que dan a luz. Por contextualizar, antes de la despenalización en México el 83% de las mujeres de la región vivía en países con leyes sobre el aborto restrictivas, según el Center for Reproductive Rights, una organización global de defensa legal con sede en Nueva York.
A nivel legislativo, solo cinco países de la región —siete si se tienen en cuenta los territorios dependientes de Puerto Rico y la Guayana Francesa— han aprobado legislaciones que despenalizan y regulan la interrupción voluntaria del embarazo dentro de unos límites: Argentina, Colombia, Cuba, Uruguay y México
Chile también está dando pasos hacia el reconocimiento del derecho al aborto y de hecho ya lo incluyó en la propuesta de Constitución que la población chilena votó a principios de septiembre, aunque el resultado negativo del plebiscito y sobre todo la debilidad del Gobierno de Gabriel Boric —el país atraviesa dificultades económicas y sanitarias— dejan al aire la legislación acerca de la interrupción voluntaria del embarazo.
Frente a los países que han avanzado hacia su protección, otros países como Honduras, Nicaragua, El Salvador, República Dominicana, Haití, Surinam o Jamaica continúan prohibiendo en aborto en cualquiera de sus formas y bajo cualquier circunstancia. En El Salvador, de hecho, 181 mujeres han sido procesadas entre 1998 y 2019 por abortar —en muchos casos de forma natural—, y la mitad de ellas fueron denunciadas desde los hospitales públicos.
FUENTE: elordenmundial
